El monstruo de siete cabezas

Para Alexander Reynoso Bran e Irma Pacheco, todo empezó con un preocupante sarpullido: su bebé tenía una grave afección de la piel que ningún médico podía diagnosticar. Finalmente, una alergóloga que recién había ejercido una temporada en Chile pudo ayudarles. Les dijo que, aunque poco frecuente por estos lugares - e intratable - se trataba de un padecimiento común entre las familias de las comunidades mineras de Chile.

Reynoso Bran y Pacheco son caficultores que viven en Mataquescuintla, un pueblo de 30,000 habitantes situado en el departamento de Jalapa, al sureste de Guatemala. En aquel momento no sabían nada de los planes para extraer plata de las colinas cercanas, pero cuando se corrió la voz, no tardaron en darse cuenta de lo que podía significar para otras familias vivir cerca de una mina.

«Cuando el alcalde y la iglesia nos hablaron acerca de la mina,» dice Reynoso Bran, «comprendimos algunos de los riesgos para la salud».

Su hija adolescente, Topacio, estaba indignada por el posible impacto de la mina en el medio ambiente y las comunidades. Cuando surgió un movimiento en contra de la mina, se convirtió en una animada y enérgica líder juvenil.
 

Mentiras, engaños y un estado de sitio

En un cerro del pueblo rural de San Rafael Las Flores, la mina de plata El Escobal está a punto de convertirse en una de las más grandes del mundo de su clase.

Decir que sus orígenes son turbios es quedarse muy corto.

«Desde el inicio, la empresa nos dio mentiras y engaños», lamenta la activista Marisol Guerra Parada del cercano pueblo de Santa Rosa. «Al principio compraron el terreno diciendo que iban a sembrar fincas y hortalizas».

En 2013, Tahoe recibió la licencia para empezar a extraer el preciado mineral. Estallaron las protestas y la respuesta fue brutal: En un incidente, las fuerzas de seguridad mineras abrieron fuego y siete personas resultaron heridas; en otro, secuestraron a cuatro hombres y mataron a uno.

«La reacción del gobierno ante nuestras protestas fue desmedida y anunciaron un estado de sitio» explica Reynoso Bran. «Los soldados entraban en nuestras casas y tiraban las cosas. Nos insultaban y nos pegaban. Hubo toque de queda. Detuvieron a la gente y las personas pasaban hasta siete meses en la cárcel».

Topacio instó a sus padres a participar activamente en el movimiento, y la familia se convirtió en participante visible de lo que llegó a conocerse como La Resistencia.

Asesinato

Reynoso Bran y Pacheco recuerdan el momento y el lugar exactos en que la vida tal como la conocían llegó a su fin.

Fue la noche del 13 de abril de 2014. Topacio y su padre regresaban a casa de un evento comunitario donde ella se había presentado con su banda de marimba.

«Abrí la puerta del pasajero para mi hija y di la vuelta para entrar por el otro lado», dice. «Fue entonces cuando oí los disparos y sentí las balas». Malherido, se levantó con dificultad y pidió ayuda para Topacio, quien sangraba por la cabeza. Las ambulancias los llevaron rápidamente al hospital. Él cayó en un coma que duró más de una semana, durante la cual estuvo a punto de morir de un infarto y lesiones internas.

Ella murió esa noche.

El sistema judicial fracasa

Nueve años después, Topacio sigue siendo una presencia visible y palpable en la vida de su familia. Las fotos tapizan una pared de su casa: Topacio de niña, de estudiante, de quinceañera. Sonríe al mundo.

Pero para Reynoso Bran, hay pocos motivos para sonreír. Mantiene un semblante serio que sólo se disipa cuando interactúa amablemente con sus hijos pequeños. Su cuerpo nunca se recuperó del trauma de aquella noche; le falta el bazo y su lado izquierdo a veces le falla. Para alguien cuyo sustento depende de la fuerza física, es difícil. El hecho que le dispararan de nuevo mientras conducía de vuelta a casa una noche, un año después, también pesa en su mente y en su cuerpo. Pero es el asesinato de su hija lo que ensombrece su vida; según él lo manifiesta, todo lo demás son meros inconvenientes.

Nunca han detenido a los perpetradores, por lo que Reynoso Bran está seguro de saber quién está detrás de todo.

«Descubrimos que en lugar de llevar a cabo una investigación sobre el ataque, el ministerio público de Jalapa estaba intentando investigarme a mí», afirma.

La información sobre sicarios locales que reveló confidencialmente a los investigadores se filtró, misteriosamente, poniéndole directamente en la mira de los hombres más peligrosos de la ciudad.

Y aunque el caso se trasladó a una sede menos comprometida y los grupos internacionales de derechos humanos presionaron para su resolución, la investigación se estancó hace años.

Victorias y derrotas

«Tras el atentado, pasé un año en recuperación y luego me dediqué a un tipo diferente de activismo» narra Reynoso Bran.

Mataquescuintla es conocida por albergar algunos de los cafés de mayor calidad de Guatemala, pero durante años el mercado estuvo controlado por un único intermediario, un firme partidario de la mina. Reynoso lideró un esfuerzo para romper con ese monopolio, lo que ahora cree que pudo haberle convertido en objetivo de los asesinos.

En 2017, la historia del ataque y el movimiento de protesta fue noticia internacional. Lisa Ranquin de la organización Breaking the Silence había conectado a Pacheco y Reynoso Bran con reporteros del LA Times; el artículo resultante llegó a dos tostadores de café de Canadá -- Drew Johnson y Carsen Oglend -- y quisieron echar una mano.

Para entonces, Reynoso Bran había formado un colectivo de cafetaleros que formaban parte del movimiento antiminas. Los canadienses comenzaron a comprar su producto de primera calidad, pagando precios justos y compartiendo con los consumidores la historia detrás del
nombre: Café Colis Resistencia. La táctica está teniendo un impacto justo en el lugar más efectivo: su país de origen. La mina cambió de manos en 2019, pero la nueva empresa también con sede en Canada, donde trabajan arduamente para cultivar una imagen de compañía
responsable:

«Nos concentramos en defender los derechos humanos, respetar las tradiciones y culturas de las comunidades locales y apoyar a los grupos vulnerables» dice en su página web. Además insiste en su buena fe en materia ambiental y de derechos humanos. «También apoyamos el acceso a fuentes de agua limpias y confiables para las comunidades alrededor de nuestras operaciones».

Mientras tanto, explica Reynoso Bran, «las fuerzas a favor de la minería se apropian de todo - los tribunales, el Estado y el Congreso». Y los activistas saben que a veces están siendo vigilados. En cuanto a la protección de fuentes de agua, los ríos de dos pueblos cercanos a la mina que se aprovechan para cultivos, higiene y preparación de alimentos ahora están contaminados con metales pesados. Como presagio siniestro, la empresa ha presentado solicitudes al Ministerio de Energía y Minas para explotar 11 sitios más del país.

Pero esta historia tiene su lado positivo. Cuando proyectos como este afectan a territorio indígena, la legislación guatemalteca exige que las comunidades tengan voz y voto, un derecho expresado en el Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales de 1989 de la Organización Internacional del Trabajo. En esta región vive la población Xinka, a quienes se les consultó su opinión sobre la mina en 2012, para luego ignorarla. En el año 2017, la Corte de Constitucionalidad del país ordenó a la empresa detener su trabajo hasta completar una consulta apropiada con los pueblos afectados. Es un proceso que lleva tiempo. De hecho, no se ha permitido que la empresa extraiga mena o amplíe la mina durante los últimos seis años. Ha sido una gran victoria, pero aún no es permanente.

Una luz en el camino: en junio, el Parlamento Xinka, la organización indígena en el centro del proceso de consulta, ganó el Premio RFK de Derechos Humanos 2023 por su defensa de los derechos culturales y territoriales.

Oxfam a las empresas: protejan a los activistas ciudadanos

En países de todo el mundo cuyos recursos han sido el blanco de industrias extractivas como las petroleras o mineras, Oxfam ha trabajado por defender el derecho de las comunidades al consentimiento libre, previo e informado. Ahora, la organización está llevando a cabo una campaña para presionar a las empresas para que salvaguarden los derechos de los activistas que se oponen.

«Muchas empresas transnacionales deciden operar en países y comunidades donde las personas no tienen la posibilidad de expresarse de forma libre y segura o protestar por decisiones que afectan sus vidas», escribe Caroline Brodeur en el blog La Política de la Pobreza de Oxfam. «Al subcontratar, pueden ocultar su rol en la intimidación y el terror hacia la ciudadanía. Y los gobiernos, que tienen el deber de proteger a sus ciudadanos, son en muchos casos autores de los abusos. A menudo, los gobiernos y el sector privado trabajan de la mano: las empresas que se enfrentan a la oposición ciudadana facilitan a las autoridades información sobre sus oponentes y guardan silencio cuando los manifestantes son detenidos, acosados o agredidos físicamente por la policía u otros grupos armados».

«Hemos identificado seis medidas que las empresas deben tomar para evitar las amenazas contra defensores y defensoras de derechos humanos», explica el asesor de políticas de Oxfam Andrew Bogrand. «Si las empresas no quieren sangre en sus manos, deben adoptar políticas para proteger a los ciudadanos que se oponen a ellas y tomarse muy en serio el principio del consentimiento libre, previo e informado. Si van a influir en las políticas públicas, deben abstenerse de apoyar leyes que restrinjan el derecho de los ciudadanos a protestar o que disminuyan la protección jurídica de defensores de derechos». (Para más información, consulte el documento informativo "Amenazas a los defensores de los derechos humanos.")

Más fuerte que nunca

Los esfuerzos por socavar e intimidar a la oposición han servido para reforzar su compromiso. «Nuestras comunidades antes estaban aisladas entre sí», explica Reynoso Bran. «La lucha contra la mina nos ha unido».

«Algunos dicen que luchamos contra un monstruo de siete cabezas», afirma. «Cuando intentas enfrentarte a esta empresa, acabas enfrentándote a un montón de otros grupos - la policía, las autoridades locales, los ricos, los grupos criminales, el sistema judicial - incluso antes de llegar a ella».

Pero los manifestantes se están convirtiendo en expertos cazadores de monstruos. Dada su historia brutal, dice Reynoso Bran, «los propietarios de la mina deben estar preguntándose cómo es posible que La Resistencia siga activa». Algunas personas se han sentido intimidadas, por lo que somos menos que antes, pero ahora en algunos aspectos somos más fuertes que nunca. Somos más analíticos y comprendemos mejor cómo ser eficaces»

Ante sus expectativas para el futuro, Reynoso Bran confiesa: «No sé si ganaremos. Solo sé que no nos vamos a rendir».