Congresistas estadounidenses piden más protección para los defensores de derechos humanos
A través del sistema judicial, los activistas consiguieron detener la explotación de la mina de plata de Escobal, en Guatemala, hasta que la empresa lleve a cabo un proceso de consulta adecuado con las comunidades indígenas de los alrededores. Foto: Elizabeth Stevens/Oxfam
El 6 de junio, El Parlamento Xinka, una organización indígena de Guatemala - recibió el Premio Robert F. Kennedy de Derechos Humanos 2023 por sus incansables acciones en defensa de sus tierras ancestrales. La ceremonia fue conmovedora.
El problema para el grupo es una enorme mina de plata que nunca fue aceptada por la población Xinka de la región. Las comunidades la consideran una amenaza para el medio ambiente y para sus medios de vida agrícolas. Un estudio realizado en 2019 sobre muestras de agua de las comunidades vecinas reveló la presencia de metales pesados, como arsénico, cadmio y manganeso por encima de los niveles recomendados, lo que aumentó la preocupación de la comunidad.
Los activistas Xinka han logrado paralizar las operaciones de la mina. En 2018, la Corte de Constitucionalidad de Guatemala emitió una decisión que suspendía la autorización de la empresa para operar hasta que el gobierno llevara a cabo una consulta adecuada con la comunidad Xinka.
Ahora, el Parlamento Xinka está desempeñando un papel central en esta consulta. Lo que está por verse es si al final todas las partes respetarán su derecho a dar o negar su consentimiento libre, previo e informado (CLPI), que es un derecho reconocido por la legislación internacional. En cualquier caso, tras una década de lucha, el reconocimiento mundial es bienvenido.
El precio mortal de defender el medio ambiente
Dos activistas Xinka -Luis Fernando García Monroy e Irma Pacheco Reyes de Reynoso- representaron al Parlamento Xinka en la ceremonia de premiación de RFK de derechos humanos, junto con el Presidente y el asesor jurídico del Parlamento. Tanto García Monroy como Pacheco han sufrido pérdidas devastadoras en su campaña contra la mina.
Luis recibió un disparo en la cara mientras participaba en una protesta pacífica. Después, tuvo que someterse a múltiples operaciones y a una lenta y dolorosa recuperación. Irma ha pagado un precio impensable. El 13 de abril de 2014, unos asaltantes hirieron de gravedad a su marido, Alex, y mataron a su hija Topacio, de 16 años.
Desgraciadamente, el caso de Topacio Reynoso es uno de tantos en todo el mundo: Front Line Defenders documentó más de 401 homicidios selectivos de defensores y defensoras de derechos humanos en 2022. Más de dos tercios de los asesinatos documentados se produjeron en América Latina, y casi la mitad de las muertes correspondieron a ataques contra defensores ambientales, de derechos sobre la tierra y pueblos indígenas.
Los Estados Unidos tiene un papel que desempeñar en la protección de estos importantes activistas, y Oxfam ha estado apoyando al Parlamento Xinka para que sus voces sean escuchadas.
Miembros del Congreso de los Estados Unidos dan un paso al frente
En Estados Unidos, 13 congresistas reconocieron la urgencia de este caso y se unieron para expresar su preocupación por las continuas amenazas a las tierras y la seguridad del pueblo Xinka. En una carta enviada al Secretario Blinken el 14 de septiembre, piden que Estados Unidos afirme públicamente el derecho del pueblo Xinka a la autodeterminación y a la CLPI.
La carta también insta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a extender medidas cautelares a cinco líderes Xinka, una medida que desencadenaría acciones adicionales por parte del gobierno guatemalteco para brindarles seguridad.
El 23 de marzo, los senadores Menéndez, Cardin, Shaheen, Coons y Murphy presentaron la Global Voices of Freedom Act, que pretende poner todo el poder diplomático del gobierno al servicio de los esfuerzos de protección. Si se aprueba, la ley exigirá a la administración Biden que cree una estrategia gubernamental para reforzar la protección de los defensores de los derechos humanos en situación de riesgo; que cree una sección específica sobre las amenazas a los defensores de los derechos humanos en el Informe anual sobre Derechos Humanos del Departamento de Estado; que imparta formación obligatoria a todos los diplomáticos estadounidenses sobre cómo vigilar y responder a las amenazas contra los defensores de los derechos humanos; y, que aumente la protección de los líderes de la sociedad civil que participan en espacios multilaterales.
"A menudo, los defensores de los derechos humanos son los únicos en su país dispuestos a luchar por la protección de los derechos humanos, combatir la corrupción o decir la verdad al poder, a pesar de los graves riesgos a los que se enfrentan por hacerlo", afirma el senador Bob Menéndez, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado. "En esta lucha, no merecen nada menos que el apoyo inquebrantable de Estados Unidos".
No podríamos estar más de acuerdo.