Oxfam en Honduras continúa respaldando acciones que promuevan la iniciativa, para garantizar una adecuada cobertura de servicios para las mujeres víctimas de violencia, bajo los principios de no discriminación, responsabilidad estatal y acceso integral a la justicia.

 

Tegucigalpa, Honduras. Con el propósito de dar a conocer la importancia que tiene la aprobación de la “Ley Casas Refugio” donde las mujeres puedan contar con lugares donde se les brinde el apoyo inmediato para protegerlas y posteriormente superar una situación de violencia, garantizando sus derechos y los de sus hijos (as), Oxfam Honduras, junto a otras organizaciones nacionales e internacionales retoman los procesos de socialización para la aprobación del anteproyecto de Ley.

Las casas refugio, constituyen una iniciativa que tiene como objetivo facilitar albergue temporal y seguro para las mujeres víctimas de violencia o mujeres que se encuentren en riesgo por una condición especial de vulnerabilidad, como ser: migrantes, migrantes retornadas, refugiadas, desplazadas, víctimas de trata y otras circunstancias, permitiéndoles ser acompañadas de sus niñas y niños, garantizándoles apoyo psicosocial, legal, educativo y médico de manera integral.

La Asociación Calidad de vida, la Red de Casas refugio, la Revuelta Feminista, con el acompañamiento de la Cooperación española, Oxfam y otras organizaciones, llevaron a cabo un conversatorio con las diputadas del recientemente nombrado Congreso Nacional, con el objetivo de lograr su respaldo en la aprobación de la ley durante los primeros 100 días de gobierno.

Ana Cruz, directora de Calidad de Vida indicó que congresistas participantes en esta actividad, manifestaron su interés en convertirse en una tercera fuerza como bancada, para impulsar ésta y otras iniciativas que favorezcan a las mujeres.

Actualmente funcionan diez casas refugio a nivel nacional, las que se han mantenido en funcionamiento gracias a esfuerzos conjuntos de organizaciones feministas, diferentes agencias de cooperación internacional y del gobierno a través del INAM, sin embargo, es urgente que exista una normativa que permita garantizar su sostenibilidad.

 

 

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